Neutralidad tecnológica sigue siendo una utopía en el país:

Por costumbre o desconocimiento de otras alternativas, las instituciones públicas continúan comprando mayoritariamente software propietario por el que el Estado paga sumas astronómicas en licencias que quedan obsoletas en pocos años y requieren renovación continua.

Boletín de prensa
San José, Costa Rica
10 de julio 2013

A pesar de que el gobierno pide a las instituciones públicas a que se soquen la faja con los gastos, estas entidades insisten en comprar software propietario que obliga a gastar sumas millonarias en licencias, aunque en el mercado existe la opción del software libre cuyo costo en licenciamiento es cero.

Oscar Retana, experto en software libre y ciberseguridad, y Gerente de Operaciones de Gridshield, impartió recientemente en la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC, una charla titulada “La adquisición de software libre en el Estado”, dirigida a gerentes TI y proveedores de entidades públicas y representantes de empresas proveedoras de soluciones de TI, basadas en software libre.

Según Retana, la mayoría de los administradores públicos encargados de elaborar los carteles de licitación siguen favoreciendo las compras de software propietario ya sea por costumbre o pereza de salir al mercado a ver cuáles son las opciones que ofrece el entorno, tal y como obliga la misma Ley de Contratación Administrativa.

Además, asegura, como tienen años haciendo las compras de la misma forma, con el mismo machote, les resulta muy cómodo seguir con la tradición en lugar de explorar el horizonte en busca de la mejor solución tecnológica. “En esa eterna zona de confort optan entonces por sacar olímpicamente del escenario al software libre”, manifestó.

A veces el pliego de requerimientos está redactado en el mismo orden en que están en el sitio web de algún proveedor particular. Es más, la misma Contraloría General de la República exige a varias instituciones que expliquen y justifiquen por qué han estado eternamente amarradas a un único proveedor.

Retana fue enfático al afirmar que el Estado sí está en condiciones de adquirir software libre, hasta sin tener necesidad de una licitación pública. Se trata de una adquisición en la que no le son requeridos inicialmente los procesos de Contratación Administrativa porque a el autor del software cede sus derchos al usuario (mediante una licencia de software libre), no se requiere hacer una erogación inicial de dinero, ni un proceso de contratación. No se requiere ni se celebra un contrato público y por lo tanto no se requiere un proceso de licitación.

Eso sí, es normal que sí se se deba incurrir en gastos asociados como instalación, mantenimiento o capacitación, que también ocurren cuando se adquiere software propietario.

Cada vez son más las instituciones públicas que adquieren software libre. Entre ellas AyA, Casa Presidencial, Banco de Costa Rica, Bancrédito, CCSS, Contraloría de la República, ESPH, MICIT, Mideplan, Municipalidad de San Ramón, Municipalidad de Carrillo, Poder Judicial, Racsa, UCR, UNA y UTN.

Decretos en el olvido

Actualmente existen al menos dos Decretos Ejecutivos que recomiendan el uso del software libre en las instituciones del Estado, como una opción más de tecnología.

Según explicó Retana, los mismos no obligan al uso de software libre, pero lo recomiendan sobre todo en contextos muy particulares de restricción de gasto público, en razón de que el Estado se ahorraría miles de millones de colones por concepto de licencias que encima vencen a los pocos años y requieren de permanente renovación.

El primer decreto se dio durante la Administración de Miguel Ángel Rodríguez, el segundo surgió en el marco del Plan Escudo de la segunda Administración Arias, orientado a contrarrestar los efectos de la crisis global. “Estos Decretos recomiendan que se considere la alternativa de software libre cuando sea idóneo, cuando cumpla con los requisitos, en fin, estudiar el entorno que sería la obligación de la Administración Pública”, aseguró Retana.

¿Qué es el software libre?

Es el software cuyo creador cede al usuario final el derecho a usarlo libremente sin ninguna restricción sea de territorio, de tiempo, ni tipo de entidad. Por su parte el usuario o persona que lo adquiere tiene el derecho a modificarlo y a publicar esas modificaciones; para eso es necesario que sea entregado el código fuente. Y también se cede el derecho de poder distribuirlo.

Aunque países de la Unión Europea, de América Latina, Asia y en los mismos Estados Unidos existen claros ejemplos de políticas gubernamentales que promueven el uso de software libre en las instituciones del Estado, Retana prefiere optar por la vía del convencimiento que por la de la imposición.

“Gridshield y otras empresas dedicadas a la venta de soluciones de software libre que también están en franco crecimiento, son la muestra más clara de que es mejor enrumbarse en un proceso de convencimiento y no aplicar la ley del garrote. Vamos a ritmo lento pero avanzamos a paso firme porque cada vez más gente, más empresas y más instituciones están adoptando soluciones de software libre”, concluyó.

Acerca de Gridshield

Gridshield es una empresa costarricense de ingenieros y consultores, expertos en Gestión de Tecnologías de Información, dedicada desde hace más de 12 años a apoyar empresas locales y de la región a implementar herramientas de software y procesos para la administración de su infraestructura y servicios de Tecnologías de Información.

Utilizamos las mejores prácticas de la industria, tropicalizándolas de forma práctica y eficiente a la medida de cada cliente, y somos expertos en aprovechar y explotar al máximo las tecnologías y herramientas de software libre para la implementación y automatización de los procesos y sistemas de Gestión de Tecnologías de Información.

• Más información: http://www.gridshield.com/